sábado, 26 de abril de 2014

Los campistas frente a la ONU aclaman por sus derechos

La Expresión del Teenager

Johanna Villasmil

En la historia la primera persona que se alzó por sus derechos de manera pacífica fue Mahatma Gandhi, él fue el creador de la huelga de hambre y es un gran héroe para quienes defendemos nuestros derechos. Actualmente maneras pacíficas de protestas se observan en todo el mundo, y entre ellas hay una que me llamo la particular atención, que es el campamento y la huelga de hambre que se encuentran frente a la Torre HP en Caracas, donde están las oficinas del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD).

El 24 de marzo se instaló el campamento de estudiantes, jóvenes y adultos, con la finalidad de hacer un llamado a la Organización de Naciones Unidas a que actúen con respecto a las violaciones de derechos humanos, debido a que ellos son el organismo garante de estos.

Los campistas le hacen la solicitud a la agencia de Naciones Unidas a que realice un comunicado público donde le exijan el gobierno que permita el acercamiento de la organización, o en caso que esto no se pueda, que una comisión de jóvenes vaya a la sede de la organización a entregar los documentos. También que le exijan al gobierno el desarme de los grupos paramilitares, que cercene el adoctrinamiento en las escuelas, y que exista restricciones en los países con respecto a la venta de materiales para reprimir las manifestaciones. 

A pesar que el PNUD publicó un comunicado con respecto a la manifestación que se está realizando frente a sus puertas, este documento no establecía ninguna acción contundente departe de la organización. Por ello, los campistas, decidieron afianzar su acción e iniciar una huelga de hambre.

Se acceden a instancias internacionales después que las nacionales se hayan agotado con un lapso de uno a dos años, pero al ser este un caso tan importante y al ver la poca acción y disposición por parte del gobierno, es necesario acudir a organizaciones internacionales sin que se haya cumplido el plazo.

“La organización Jóvenes Venezolanos a través de su lucha quiere alzar la bandera de la libertad, de la justicia, la paz, la democracia, para ser transmisor de ese sentimiento que a todos nos acongoja. Nosotros estamos transmitiendo un mensaje, una señal de las personas que no tienen voz” expresa la dirigente estudiantil y campista frente al PNUD, Dioris Albarran.

El gran problema existente es que la mayoría de las medidas a las que pueden optar las Naciones Unidas requieren que un grupo de trabajo venga al país para evaluar, pero estamos claro que el gobierno no permitirá esta venida oficial. Lo ideal para nosotros es que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas envíe un grupo de trabajo, que se encargaría de hacer reporte oficial, pero como expliqué requieren de una invitación por parte del Estado.

Por otra parte se podría optar por aplicar el “1503 procedure”, sujeto también al Alto Comisionado de Derechos Humanos. El problema con ello es que son muy pocas solicitudes las que pasan a la etapa de evaluación final, pero este puede ser el primer paso para tener una evaluación oficial de lo que ocurre en el país.

Las Naciones Unidas se crea con la finalidad de preveer violaciones a los derechos y de eliminar la idea que “lo que ocurre en mis fronteras es mi problema y nadie puede intervenir”; si esos son sus mandatos no entiendo porque no actúan y hace frente a la situación venezolana. La acción que se ha hecho ha sido, a mi parecer, más con el corazón que con el cerebro, y al no pensar bien en como aprovechar las instancias internacionales, puede no llegarse a nada, por lo que mi principal recomendación es pensar, asesorarse y después actuar. Es importante recordar que la lucha por los derechos es de todos y no podemos olvidar a aquellos quienes están en las calles pidiendo por nosotros también.    

Los quiere Joha

viernes, 11 de abril de 2014

El gobierno de Venezuela a La Haya

La Expresión del Teenager


Johanna Villasmil

Lo que hemos vivido en los últimos días en Venezuela, después de haberse iniciado un grupo de manifestaciones que conllevaron a enfrentamientos violentos, muertes, detenciones arbitrarias y torturas; ha colocado al gobierno de Venezuela en la mira internacional y ha demostrado la realidad de lo que ocurre dentro de nuestras fronteras.

Basados en el Estatuto de Roma, el pasado 7 de abril un grupo de parlamentarios de partidos de derecha latinoamericanos denunciaron al presidente de la República, Nicolás Maduro; al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; al ministro de Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres; a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; y a la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, ante la Corte Penal Internacional de La Haya, por presuntos casos de lesa humanidad.

El Estatuto de Roma establece en su artículo número 7 que un crimen de lesa humanidad es “cualquiera de los actos siguientes (asesinato, exterminio, deportación, tortura, violación, prostitución forzada, encarcelación o persecución, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano) cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

Tribunal de La Haya se le denomina a un conjunto de tribunales internaciones que tienen sede en la ciudad de La Haya, Países Bajos. Cuenta con el Tribunal Permanente de Arbitraje, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y la Corte Penal Internacional. La solicitud se hizo ante esta última, la cual se encarga de juzgar crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. 

Las investigaciones se pueden iniciar por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o de oficio por el Fiscal de la Corte; en este caso se le hace la solicitud es al fiscal. Después de ello los antecedentes son revisados por la Cámara de Asuntos Preliminares. Si es procedente se acoge la acusación que pasa a ser conocida  por la Cámara de Primera Instancia, donde se realiza el juicio. Se puede apelar ante la Cámara de Apelaciones. Las penas pueden ser de prisión, multa y decomiso de las propiedades del condenado; y pueden ser llevadas acabo en el país sede de la Corte o en otro de acuerdo con los convenios.

198 parlamentarios de ocho países de la región, miembros de la Alianza Parlamentaria Democrática fueron los encargados de respaldar la denuncia ante la Fiscalía de la Corte, que fue entregada por los diputados Cornelia Schmidt Lierman de Argentina, Adrián Olivia de Bolivia, presidente de la alianza, y Cecilia Chacón de Perú. Respaldaron sus denuncias con un informe realizado por el Observatorio Iberoamericano de la Democracia, que da constancia de la violencia cometida.

Según el comunicado difundido en argentina “los parlamentarios solicitaron que se investiguen las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos ejecutadas por cuerpos militares, policiales y paramilitares”. Además expresa que hay “elementos que tipifican, palmariamente crímenes de lesa humanidad, por haber ocurrido durante los días indicados asesinatos, torturas, violación y detenciones masivas e indiscriminadas(…) Existen además 1.200 detenidos y 300 heridos. Se cuenta con 40 casos de tortura documentados, que serán las pruebas que vamos a presentar”.

En oportunidades anteriores se había intentado denunciar al gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional de La Haya, pero estas habían sido sin resultado. Esperan que ahora con el apoyo del Estatuto de Roma si se pueda tomar acción contra los presuntos casos de lesa humanidad que han ocurrido dentro del territorio nacional. Los parlamentarios quieren también demostrarle a los venezolanos que existe una preocupación mundial por lo que estamos pasando y que no estamos solos en esta lucha por nuestros derechos.

Los quiere Joha


domingo, 6 de abril de 2014

Informe de Amnistía Internacional sobre los DDHH en medio de protestas

La Expresión del Teenager


Johanna Villasmil

Las organizaciones de derechos humanos, internacionales y nacionales, han observado de manera preocupante la situación por la que está atravesando el país. Antes de comentarles del informe publicado por Amnistía Internacional sobre la situación actual venezolana, es importante destacar que los derechos humanos son solo violentados por las personas y entes públicos, debido que los particulares violan son leyes; y que las organizaciones internacionales hacen son recomendaciones en los países, porque la mayoría no tienen verdadero peso de ley.

Amnistía Internacional es un movimiento mundial en pro de los derechos humanos, independiente de ideologías o gobiernos. Durante las últimas semanas, la organización ha hecho un seguimiento de lo que ha ocurrido en el país y presentaron el 1ero de Abril un informe llamado “Los derechos humanos en riesgo en medio de protestas”.

Amnistía Internacional visualiza la situación como una oleada de descontento social y como expresa en la introducción del informe “los enfrentamientos violentos durante las protestas y la actuación de las fuerzas del orden, habrían resultado, como ha admitido incluso el Estado, en posibles violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

En el informe se hicieron publicas denuncias de violaciones al derecho a la vida y a la integridad física, y al debido proceso que han sido expuestas ante el movimiento. Le dedican un espacio especial al uso excesivo de la fuerza durante las protestas por parte de agentes de la fuerzas del orden, incluidos miembros de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia Nacional (SEBIN), Policías y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Además de tomar especial interés en los casos de Bassil Dacosta, Juan Montoya, Geraldín Moreno y Moisés Guanchez. También tratan las menciones de tortura, tratos crueles o inhumanos de Daniel Quintero, Marvina Jiménez, José Alejandro Márquez, Juan Manuel Carrasco, Luis Alberto Gutiérrez e Inti Rodríguez.

Los ataques contra periodistas y medios de comunicación es otro punto importante dentro del informe, registrándose del 12 de febrero al 12 de marzo 87 casos de violaciones a la libertad de expresión, a un total de 127 profesionales de la comunicación. Lo que representa un aumento del 480% con relación al mismo período del año anterior, como queda expresado en el informe.

La organización se encontró con la difícil tarea de identificar responsabilidades en un contexto de polarización política y social, en el cual está inmersa Venezuela. Junto a ello tocó el tema de la detención de líderes de la oposición, enfocado a la privación de libertad de Leopoldo López.

Como conclusión Amnistía Internacional insta al gobierno venezolano a investigar de forma exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de violaciones y abusos a los derechos humanos y que sean llevados los responsables ante la justicia. También a garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión, sin temor a ser víctimas de homicidios, ataques y malos tratos y detenciones arbitrarias. Consideran, por otra parte, poner en práctica un Plan Nacional de Derechos Humanos, que debe ser para ellos el resultado de un diálogo nacional en donde se incluyan los puntos de vista de todas las partes involucradas, incluidos disidentes y opositores, así como representantes de la sociedad civil. Por último insta a la comunidad internacional a fomentar soluciones respetuosas de los derechos humanos y promover el diálogo.

Amnistía Internacional es un movimiento que no tiene peso de ley dentro de los países en los que se encuentra, pero un país que desea proteger los derechos humanos de sus ciudadanos debe escuchar sus recomendaciones. A demás el informe deja claro a la comunidad mundial lo ocurrido en Venezuela porque es una organización internacional de gran prestigio, con presencia en nuestra nación, por lo que el informe no refleja cuentos, sino hechos. 


Los quiere Joha