La Expresión del Teenager
Johanna Villasmil
@johavillasmil
En días pasados dos organizaciones, una
internacional y otra nacional, publicaron informes relacionados con la
situación de los derechos humanos en Venezuela, desde el punto de vista de la
salud y de la integridad física. Informes realmente preocupantes, especialmente
para aquellas personas quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos
humanos.
El primer informe fue publicado a finales
del mes de abril por la organización internacional Human Rights Watch (HRW), en
el cual expertos en salud y en derechos humanos informaron sobre la grave
crisis de salud por la que atraviesa el país. En el informe expertos señalan al
gobierno nacional como el principal responsables de la situación actual.
Para elaborar el informe se realizaron
visitas durante varios meses a entidades de salud en Caracas, en donde
evidenciaron la falta de acceso a medicinas e insumos básicos. Tanto es así que
HRW considera que la “crisis sanitaria en Venezuela se acerca a la de un país
en guerra”, porque es ahí cuando se observa un deterioro tan veloz en el acceso
a medicamentos esenciales.
De los 130 hospitales estudiados, 44% no
cuentan con quirófanos operativos, mientras que por otro lado el 94% de los
laboratorios tienen fallas en el funcionamiento o falta de reactivos. Así como
también un 60% de los medicamentos catalogados por la Organización Mundial de
la Salud como esenciales no están disponibles en las farmacias.
De acuerdo con el derecho internacional
los gobiernos están en la obligación de asegurar que los medicamentos estén
disponibles y sean accesibles para todos los ciudadanos, sin ningún tipo de
discriminación, convirtiéndose ello en un derecho humano esencial.
El segundo informe fue publicado la
semana pasada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica
Andrés Bello (CDH-UCAB) llamado “Que no quede rastro”. En él se acusa a
entidades del Estado de ocultar pruebas de tortura y de violaciones al derecho
a la integridad de venezolanos durante las manifestaciones y aprehensiones del
2014.
Para realizar el informe registraron
testimonios de los afectados, quienes expusieron que los funcionaros los
amenazaban con hacerles más daño o no prestarles ayuda médica si no se abstenías
de declarar la verdad.
Por ello queda en evidencia que los
funcionarios violaron las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de
Naciones Unidas, y el Conjunto de Principios para la protección de personas
sometidas a prisión de Naciones Unidas y el Protocolo de Estambul.
De acuerdo con el CDH-UCAB las
estrategias utilizadas por el Estado incluyeron: incomunicación de detenidos,
traslado de lesionados a instituciones y hospitales militares, precisiones a
víctimas, uso de la Defensa Pública para evitar denuncias, omisiones por parte
de jueces durante las audiencias de presentación, la transformación de víctimas
en victimarios, confusión entre examen médico forense y el reconocimiento
médico en el lugar de detención, desaparición de evidencias y presiones a
médicos.
La salud es el principal pilar de la
vida, y por lo tanto es el pilar de todos los derechos humanos. En los dos
informes se ve lo que ocurre en el país desde un punto de vista internacional y
nacional, lo que quiere decir que no se trata de intereses, sino de la vida de
los ciudadanos. El derecho a la salud y a la integridad son esenciales para
poder tener calidad de vida, y queda demostrado en los informes que el Estado
Venezolano no se preocupa en otorgársela a sus ciudadanos. Es realmente triste observar
la situación de los derechos humanos en el país, pero es aún más saber a pesar
de todos los esfuerzos que realicemos, mientras el gobierno no se preocupe por
sus ciudadanos, nada va a cambiar.
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