La Expresión del Teenager
Johanna Villasmil
@johavillasmil
laexpresiondelteenager.blogspot.com
El pasado 10 de
septiembre se hizo oficial la denuncia del Estado Venezolano a la Comisión
Americana sobre Derechos Humanos, estableciendo la salida de la República de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, un organismo que se encarga de
evaluar denuncias con relación a los derechos de los ciudadanos del continente
y establecer penalizaciones a los Estados que hayan realizado las faltas,
porque las entidades públicas son las únicas que violan derechos, el ciudadano
común viola leyes. La salida de Venezuela de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos representa una perdida para cada uno de los venezolanos, si
bien es cierto que no quedamos del todo desprotegidos ante violaciones a
nuestros derechos, si quedamos sin un apoyo importante por parte de un defensor
internacional.
Hace pocos días
Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, criticó a los defensores de
los derechos humanos quienes han alertado sobre la desprotección de los
venezolanos y los acusó de “mostrar desprecio hacia las instituciones del
Estado, cuando éste es uno de los principales garantes del cumplimiento de la
legalidad y los derechos de los ciudadanos”. La Fiscal tiene razón al decir que
los venezolanos no están desprotegidos porque es cierto que las entidades
públicas venezolanas son las que se encuentran para velar por los derechos de
los ciudadanos, pero hay situaciones en las que estas pueden no trabajan de
manera objetiva porque hay intereses de por medio, ahí es cuando se requiere
una intervención imparcial que lo brinda un órgano internacional, que en este
caso lo daba la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte es un
mecanismo al que podíamos recurrir después que todas las instancias nacionales
se han agotado, después de dos o tres años presentando denuncias ante
ministerios nacionales, ante el Tribunal Supremo de Justicia y ante otros
organismos públicos. Es un mecanismo que podía durar años en darnos una
respuesta debido a la gran demanda que tiene en el continente.
En el pasado se
han realizado varias denuncias de venezolanos ante la Corte y muchas de ellas
han resultado en sanciones al país. Uno de estos casos es la Masacre del
Amparo, que después de haberse agotado las instancias nacionales, exigiendo
justicia por los derechos de los pescadores acudieron a la Corte, esta falló a
favor de los pescadores y estableció una indemnización para sus familiares, que
hoy en día, 25 años después del hecho, no se ha terminado de pagar.
Uno de los
valores que tenía la Corte en el país era el sentimiento de apoyo, de respaldo
y de defensa, que traía para cada uno de los venezolanos. Todavía existen otros
mecanismos a los que podemos recurrir en caso que las instancias nacionales se
agoten, como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la
Organización Internacional del Trabajo u otros organismos adscritos a tratados
internacionales. Para los defensores de los derechos humanos ver que se vayan
perdiendo los mecanismos para conseguir justicia es un hecho gravísimo, pero
ver que una persona que lleva un cargo tan importante, como es la Fiscalía, te
critique por preocuparte, es aún más grave porque demuestra la supuesta
importancia que le dan a los derechos en el país.
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