La Expresión del Teenager
Johanna Villasmil
@JohaVillasmil
El pasado miércoles 11 de mayo de 2016,
el Senado Brasilero suspendió a la presidenta Dilma Rousseff para iniciar un
juicio político o impeachment, como es llamado de manera legal a nivel
internacional, en su contra. Con esto se abre paso a una nueva página en la
historia de Brasil y se continúa demostrando lo deteriorado que está la izquierda
en América Latina.
El caso comenzó en octubre de 2015, cuando
tres juristas realizaron el pedido para un juicio contra Rousseff, alegando una
serie de actos “en el sentido de violar la legislación respecto a la salud
fiscal del país, dando la impresión de que todo estaba bien”, esto de acuerdo
con el fundador del Partido de los Trabajadores, Hélio Bicudo.
Con esto se inicio el impeachment, que
quiere decir el proceso en el derecho por el cual se puede procesar a un alto
cargo público. Para que se pueda realizar este proceso, es necesario que el
parlamento o congreso lo apruebe y posteriormente encargarse del juicio del
acusado. Una vez la persona es condenada por el órgano legislativo, ocasiona su
destitución e inhabilitación para funciones similares.
En Brasil, después de la solicitud de
impeachment realizada por los tres juristas, el tema pasó a una comisión
especial de la cámara de Diputados, los cuales votaron a favor de iniciar el juicio
contra Dilma Rousseff. Así se derivó el proceso al Senado, que aprobó
comenzarlo, suspendiendo a la presidenta, y dando inicio a los 180 días para
tomar una decisión de si la presidente será o no destituida oficialmente de sus
funciones.
Dilma Rousseff, apoyada por sus
partidarios, ha catalogado este hecho como un golpe de estado, pero no debe
considerarse así. Rousseff es acusada, por lo que en Brasil se denomina
“pedalas fiscales”, que quiere decir el uso de fondos de bancos públicos para
cubrir gastos de programas que están bajo la responsabilidad del gobierno, una
práctica prohibida de acuerdo con lo establecido en la ley de Responsabilidad
Fiscal de Brasil.
Este es un proceso que ha afectado
gravemente a Brasil porque ha separado de manera radical a quienes creen que
sería justo destituir a la presidenta por violar normas fiscales, un hecho que
se presume han realizado muchos políticos en el pasado, de quienes alegan que
es una injusticia.
En el informe redactado por la comisión
especial de la cámara de Diputados, se expone que la denuncia apunta a una
“usurpación” de la prerrogativa del Congreso de autorizar gastos públicos. La
presidenta solo puede ser juzgada por hechos ocurridos durante su actual
período, aunque se cree que las pedalas fiscales también se cometieron en su
período anterior.
El gobierno de Dilma Rousseff ha sido un
estrecho socio y aliado del gobierno actual venezolano, por lo que este hecho
puede afectar las relaciones que hemos tenido con el país vecino en los últimos
años.
Los que dicen llamarse gobierno de
izquierda, poco a poco está dejando a América Latina, debido a que los
ciudadanos se han dado cuenta que estos gobiernos no han tomado buenas
decisiones, y se preocupan más por cubrirse las espaldas que por ayudar al
pueblo. Si durante el juicio, menos de dos tercios de los miembros del Senado
no consideran que Rousseff sea culpable, esta volverá al cargo; mientras tanto
el Vicepresidente, Michael Temer, es el encargado de ocupar la posición. Toda
Latinoamérica está esperando conocer lo que ocurrirá en Brasil, pero mientras
el Senado toma una decisión final, debemos ocuparnos por eliminar los malos
gobiernos de cada una de nuestras naciones.
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